Mide 37 metros y emula al Cristo de Corcovado de Río de
Janeiro. El monumento Cristo del Pacífico fue donado por Odebrecht a Perú, país
en donde pagó millonarios sobornos para ganar obras públicas, y que ahora tiene
a tres expresidentes al borde de la crucifixión. “Es un Cristo similar al de
Corcovado, al que he denominado Cristo del Pacífico. Congregué un grupo de
amigos y empresas y también he puesto mis ahorros, porque quisiera que sea una
figura que bendiga al Perú”, decía conmovido en 2011 el entonces presidente
Alan García (2006-2011), a poco de dejar su mandato. El Cristo demandó una
inversión de más de 800.000 dólares y fue financiado mayoritariamente por
Odebrecht. Alan García donó 30.000 dólares de sus recursos. En aquellos
momentos la constructora brasileña se aprestaba a inaugurar la Línea 1 del
Metro de Lima, una obra por la que, hoy se sabe, pagó 7 millones de dólares en
sobornos para ganar la licitación. “Odebrecht, fuera del país”, “Alan
Culpable”, son algunos escritos que se leen en la base de la estatua blanca
cubierta del ollín típico de la contaminación limeña. A un lado está aún el
altar de cemento
donde el arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, inauguró el
Cristo. Ubicado en lo alto de un cerro y muy poco visitado, salvo en Semana
Santa, el monumento no exhibe placa alguna que señale que fue una donación de
Odebrecht, empresa en el centro de un escándalo de corrupción que abarca a
Brasil y la mayor parte de los demás países de América Latina. “CRISTO DE LO
ROBADO” Algunos llaman a la estatua como el “Cristo de lo Robado” y la
califican como un monumento a la corrupción. “Dado que el Cristo fue donado por
Odebrecht, es inaceptable que esa figura este allí, continúe ahí y no se diga
nada del asunto. Aunque no se decida sacar al Cristo, sí se debe generar una
reflexión sobre este asunto”, comentó a la AFP el director de la ONG Proética,
Walter Albán. La constructora Odebrecht admite que pagó en Perú 29 millones de
dólares para ganar contratos entre 2005-2014, período que comprende los gobiernos
de Alejandro Toledo, Alan García y de Ollanta Humala. “Hemos sido testigos de
cómo, después del régimen de (Alberto) Fujimori, marcado por la corrupción,
vinieron tres gobiernos donde las denuncias de corrupción también fueron
frecuentes (…) Perú era una especie de oficina regional en estos temas. Tal vez
vieron un camino fácil con una clase política corrupta”, dijo a la AFP el
gerente de la consultora de marketing político Vox Populi, Luis Benavente.
DESFILE DE EXPRESIDENTES Perú ya tiene un expresidente preso, Alberto Fujimori
(1990-2000), por corrupción y crímenes de lesa humanidad. Alejandro Toledo le
dio férrea batalla a fines del 2000, encabezó una movilización en su contra y
se erigió presidente en 2001. Pero irónicamente, ahora es el primer exgobernante
peruano con una orden de detención preventiva por su implicación en el
escándalo Odebrecht. El ejecutivo clave en el caso es el exrepresentante de
Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien ha suscrito un acuerdo judicial para
contarlo todo. En su declaración, asegura que pagó 20 millones de dólares a
Alejandro Toledo para ganar la licitación de la construcción de la carretera
interoceánica, que une a Perú y Brasil, aunque el expresidente lo niega. El
actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien fue primer ministro de Alejandro
Toledo, ha considerado este hecho como una “traición” al país. Alan García, por
su parte, ha llamado “ratas” a los implicados de su gobierno. En su gestión
recibió al hoy preso Marcelo Odebrecht en Palacio de Gobierno y se preció de su
amistad con el patriarca del grupo, Norberto Odebrecht. García ya fue procesado
por enriquecimiento ilícito después de su primer gobierno (1985-1990), pero su
caso prescribió. Por su parte, Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine
Heredia son investigados por lavado de activos por dinero recibido para su
campaña electoral, supuestamente del gobierno venezolano y desde Odebrecht en
Brasil, según la fiscalía. Documentos de la Policía Federal brasileña concluyen
que Humala recibió 3 millones de dólares de la constructora. Tanto él como su
esposa tienen restricciones para salir del país y niegan los cargos.
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