viernes, 9 de febrero de 2018

Perú contará con su primer Juzgado Ambiental en marzo


La instalación del nuevo despacho judicial ambiental de Perú fue confirmada durante una reunión de coordinación sobre temas ambientales que sostuvieron hoy la ministra peruana del Ambiente, Elsa Galarza, y el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez.
La máxima autoridad judicial indicó que el tribunal trabajará con procesos ya judicializados, es decir, después de que la Policía y la Fiscalía concluyan las investigaciones, presenten solicitudes de medidas cautelares o formulen las acusaciones correspondientes.
Primer juzgado ambiental de Perú
Galarza saludó, por su parte, que el Poder Judicial haya decidido instalar este juzgado en “una de las regiones más afectadas por la minería ilegal, y otros delitos ambientales, y de lesa humanidad, como trata de personas, trabajo forzoso, entre otros”, según dijo.
Durante su encuentro de hoy, las autoridades del Ejecutivo y el Poder Judicial discutieron una estrategia para enfrentar las amenazas contra el patrimonio natural y las áreas de conservación privada (ACP) en el país.

Galarza y Rodríguez conversaron, específicamente, sobre el tráfico ilícito de tierras que se presenta en el ACP Chaparrí, entre las regiones norteñas de Lambayeque y Cajamarca, las invasiones en el ecosistema de lomas de la costa del país y la minería ilegal en la región amazónica de Madre de Dios.
La ministra aseguró que este encuentro “es una muestra del compromiso multisectorial” entre los poderes del Estado para tomar acciones concretas y articuladas para afrontar delitos ambientales.
Amenazas contra el medio ambiente
Añadió que su despacho ha logrado incorporar a esta lucha a sectores como el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre, la Fiscalía Especializada en materia ambiental, entre otros organismos.
“Y justamente, el Poder Judicial es un gran aliado para, a través de un trabajo articulado, hacer frente a las amenazas que atentan contra el ambiente”, acotó.
Al referirse al ACP Chaparrí, Galarza aseguró que se está implementando un trabajo coordinado con las autoridades competentes para conservar la flora y fauna silvestre.
Dijo, además, que se han adoptado acciones desde julio pasado y se han reunido con la comunidad campesina de Santa Catalina de Chongoyape para evitar la expansión del tráfico de tierras.
“No queremos que esta situación avance. Es un problema de tráfico de tierras, de intereses de terceros por apropiarse de una tierra que tiene otro fin, que es la conservación y protección del ambiente”, sostuvo.
La ministra también anunció que se reunirá con la Fiscal Superior y Coordinadora Nacional de las fiscalías especializadas en materia ambiental, Flor de María Vega, para analizar estrategias de trabajo que permitan ser más efectivos en las acciones contra los actos que vulneran el patrimonio natural del país. EFE


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Fuente: http://www.efeverde.com
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