La instalación del nuevo despacho judicial ambiental de
Perú fue confirmada durante una reunión de coordinación sobre temas ambientales
que sostuvieron hoy la ministra peruana del Ambiente, Elsa Galarza, y el
presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez.
La máxima autoridad judicial indicó que el tribunal
trabajará con procesos ya judicializados, es decir, después de que la Policía y
la Fiscalía concluyan las investigaciones, presenten solicitudes de medidas
cautelares o formulen las acusaciones correspondientes.
Primer juzgado ambiental de Perú
Galarza saludó, por su parte, que el Poder Judicial haya
decidido instalar este juzgado en “una de las regiones más afectadas por la
minería ilegal, y otros delitos ambientales, y de lesa humanidad, como trata de
personas, trabajo forzoso, entre otros”, según dijo.
Durante su encuentro de hoy, las autoridades del
Ejecutivo y el Poder Judicial discutieron una estrategia para enfrentar las
amenazas contra el patrimonio natural y las áreas de conservación privada (ACP)
en el país.
Galarza y Rodríguez conversaron, específicamente, sobre el
tráfico ilícito de tierras que se presenta en el ACP Chaparrí, entre las
regiones norteñas de Lambayeque y Cajamarca, las invasiones en el ecosistema de
lomas de la costa del país y la minería ilegal en la región amazónica de Madre
de Dios.
La ministra aseguró que este encuentro “es una muestra
del compromiso multisectorial” entre los poderes del Estado para tomar acciones
concretas y articuladas para afrontar delitos ambientales.
Amenazas contra el medio ambiente
Añadió que su despacho ha logrado incorporar a esta lucha
a sectores como el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre, la Fiscalía
Especializada en materia ambiental, entre otros organismos.
“Y justamente, el Poder Judicial es un gran aliado para,
a través de un trabajo articulado, hacer frente a las amenazas que atentan
contra el ambiente”, acotó.
Al referirse al ACP Chaparrí, Galarza aseguró que se está
implementando un trabajo coordinado con las autoridades competentes para
conservar la flora y fauna silvestre.
Dijo, además, que se han adoptado acciones desde julio
pasado y se han reunido con la comunidad campesina de Santa Catalina de
Chongoyape para evitar la expansión del tráfico de tierras.
“No queremos que esta situación avance. Es un problema de
tráfico de tierras, de intereses de terceros por apropiarse de una tierra que
tiene otro fin, que es la conservación y protección del ambiente”, sostuvo.
La ministra también anunció que se reunirá con la Fiscal
Superior y Coordinadora Nacional de las fiscalías especializadas en materia
ambiental, Flor de María Vega, para analizar estrategias de trabajo que
permitan ser más efectivos en las acciones contra los actos que vulneran el
patrimonio natural del país. EFE
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Fuente: http://www.efeverde.com