miércoles, 18 de abril de 2018

Heresi: "El Poder Judicial le debe una explicación al país" por arresto domiciliario a terroristas


El ministro de Justicia, Salvador Heresi, dijo este martes que "el Poder Judicial le debe una explicación al país", luego de que la Sala Penal Nacional ordenará que los cabecillas de Sendero Luminoso, Osmán Morote Barrionuevo y Margot Liendo Gil, cumplan arresto domiciliario hasta que concluya el juicio por el caso Tarata.
En su cuenta en Twitter, señaló que los fallos judiciales se deben respetar pero que en este caso el Poder Judicial "deberá asumir la responsabilidad social de sus decisiones".     
"Yo, soy un peruano más que sufrió en carne propia la demencia del terrorismo, siento impotencia y rabia al ver festejar una victoria judicial a los asesinos de Tarata. #TerrorismoNuncaMás", escribió Heresi en su cuenta en Twitter.
Morote y Liendo Gil, miembros de la cúpula del grupo terrorista Sendero Luminoso, cumplieron una condena por terrorismo de 25 años en el 2013 y actualmente son procesados por el atentado con un coche bomba en la calle Tarata de Miraflores en 1992 en el que murieron 25 personas.
La mañana de este martes el colegiado de la Sala Penal Nacional evaluó en una audiencia en la Base Naval del Callao, si los domicilios presentados por Morote y Liendo Gil cumplían con las condiciones necesarias para un arresto domiciliario.

Según informó el abogado de los senderistas, citado por el diario La República, Morote consignó que cumplirá su detención en una vivienda en Chaclacayo, mientras Liendo irá a Santa Anita.
Considerado el número 2 de Sendero Luminoso, Morote está preso desde 1988 y debió salir libre en 2013 al cumplir su condena de 25 años por terrorismo. La justicia peruana le abrió tres nuevas causas (casos Soras, Tarata y Perseo) y le dictó prisión preventiva, una medida ya insostenible al rebasar el tiempo máximo legal permitido de 36 meses.
El procurador antiterrorismo Milko Ruiz explicó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no iba a liberarlos hasta que el Poder Judicial envíe un informe que advierta que el domicilio donde cumplirán su arresto “no atente contra la seguridad”.



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