Es urgente acelerar los procesos contra los funcionarios
implicados en casos de corrupción, afirmó hoy la coordinadora del Sistema
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Susana Castañeda, al
advertir que, mientras no reciban sentencia, hasta pueden participar en
elecciones.
Indicó que, de los 23,500 funcionarios que son procesados
por corrupción, un porcentaje aún ejerce el poder, algunos como alcaldes y
gobernadores, dado que mantienen vigente el principio de la presunción de
inocencia y, por tanto, no están impedidos de postular a cargos de elección
popular
“Es urgente que todos, tanto fiscales, jueces,
procuradores, tomemos una decisión. Los procesos tienen que avanzar y concluir,
porque estas personas, independientemente de que sean culpables o no, deben
recibir una respuesta oportuna de los órganos que imparten justicia”, comentó.
Susana Castañeda precisó también que, de esa cifra de
procesados, delitos de corrupción más comunes que les son atribuidos son
cohecho (coima), peculado (apropiación de dinero del Estado para sí o terceros)
y colusión en contrataciones públicas (acuerdo irregular entre contratista y
postores).
En su opinión, este último ilícito resulta
particularmente grave porque tiene incidencia directa en la calidad de las
obras públicas que se ejecutan en favor de la población, con dinero de los
contribuyentes.
“La población es la que sufre, porque se hacen obras de
muy baja calidad, las infraestructuras se caen con un sismo, las pistas se
agrietan, no se toman los instrumentos de prevención para obras de calidad que
merecemos todos los peruanos”, reflexionó la magistrada en Canal N.
En ese sentido, mencionó que la corrupción está vinculada
de forma directa con la afectación de los derechos humanos, especialmente, en
perjuicio de los más pobres, quienes -dijo- se ven obligados a recurrir a los
servicios del Estado, muchos de los cuales “de pésima calidad”.
“Nosotros, lamentablemente, como Poder Judicial,
intervenimos cuando el hecho ya ha ocurrido”, manifestó Susana Castañeda.
Asimismo, la jueza anticorrupción consideró importante
que en los juzgamientos se determine, según cada caso, el monto del perjuicio
económico que la corrupción generó al Estado, a efectos de fijar el pago la
reparación civil y la recuperación de activos.
Para la magistrada, los montos obtenidos por concepto
reparación civil deberían destinarse directamente a la población más pobre y
más necesitada.
Fuente: andina.pe