jueves, 26 de abril de 2018

Urge acelerar procesos contra funcionarios implicados en corrupción,mientras no reciban sentencia podrían participar en elecciones, advierten


Es urgente acelerar los procesos contra los funcionarios implicados en casos de corrupción, afirmó hoy la coordinadora del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Susana Castañeda, al advertir que, mientras no reciban sentencia, hasta pueden participar en elecciones.
Indicó que, de los 23,500 funcionarios que son procesados por corrupción, un porcentaje aún ejerce el poder, algunos como alcaldes y gobernadores, dado que mantienen vigente el principio de la presunción de inocencia y, por tanto, no están impedidos de postular a cargos de elección popular
“Es urgente que todos, tanto fiscales, jueces, procuradores, tomemos una decisión. Los procesos tienen que avanzar y concluir, porque estas personas, independientemente de que sean culpables o no, deben recibir una respuesta oportuna de los órganos que imparten justicia”, comentó.
Susana Castañeda precisó también que, de esa cifra de procesados, delitos de corrupción más comunes que les son atribuidos son cohecho (coima), peculado (apropiación de dinero del Estado para sí o terceros) y colusión en contrataciones públicas (acuerdo irregular entre contratista y postores).

En su opinión, este último ilícito resulta particularmente grave porque tiene incidencia directa en la calidad de las obras públicas que se ejecutan en favor de la población, con dinero de los contribuyentes.
“La población es la que sufre, porque se hacen obras de muy baja calidad, las infraestructuras se caen con un sismo, las pistas se agrietan, no se toman los instrumentos de prevención para obras de calidad que merecemos todos los peruanos”, reflexionó la magistrada en Canal N.
En ese sentido, mencionó que la corrupción está vinculada de forma directa con la afectación de los derechos humanos, especialmente, en perjuicio de los más pobres, quienes -dijo- se ven obligados a recurrir a los servicios del Estado, muchos de los cuales “de pésima calidad”.
“Nosotros, lamentablemente, como Poder Judicial, intervenimos cuando el hecho ya ha ocurrido”, manifestó Susana Castañeda.
Asimismo, la jueza anticorrupción consideró importante que en los juzgamientos se determine, según cada caso, el monto del perjuicio económico que la corrupción generó al Estado, a efectos de fijar el pago la reparación civil y la recuperación de activos.
Para la magistrada, los montos obtenidos por concepto reparación civil deberían destinarse directamente a la población más pobre y más necesitada.



Fuente: andina.pe
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