El fiscal adjunto Rodrigo Rurush Castillo, de la Primera
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios, junto con cuatro policías, se presentó la mañana del martes 10 de
julio en el local del medio de investigación IDL-Reporteros, en San Isidro.
El Ministerio Público buscó realizar una diligencia de
exhibición e incautación de la documentación relacionada con la investigación
de IDL-Reporteros, en la que varios audios revelan supuestos actos de
corrupción y presunto tráfico de influencias entre integrantes del Consejo
Nacional de la Magistratura. Sin embargo, esta diligencia se hizo sin previa
notificación y sin documentación básica para que se realice.
RPP se comunicó con varios gremios periodísticos peruanos
e internacionales que se pronunciaron sobre el hecho.
Rodrigo Villarán, director del Consejo de la Prensa
Peruana, se mostró muy preocupado con esta situación de vulneración de la
libertad de prensa. Consideró que, si bien los hechos de violencia contra los
periodistas han disminuido, existen otros mecanismos que obstaculizan su
trabajo.
“Vemos que cada vez más existe el mecanismo de una
censura indirecta. Hemos señalado como uno de estos mecanismos a una agenda
legislativa que vulnera la libertad de expresión, la libertad de prensa, con la
intención de ejercer presión sobre periodistas y medios de comunicación que
están teniendo un tono particularmente crítico con actos de corrupción como el
caso Lava Jato y algunas denuncias vinculadas a compras irregulares en el
Congreso”, señaló.
Este hecho coincide con un contexto en el que Congreso ha
aprobado recientemente la Ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios
de comunicación privados.
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) denunció que
existe una degradación de la situación de la libertad de prensa en nuestro
país. “La única manera de interpretar eso es que es un atropello a libertad de
expresión y una profunda preocupación de algunos integrantes del Ministerio
Público por lo que se va a divulgar”, declaró Augusto Álvarez Rodrich,
presidente del Instituto de Prensa y Sociedad, a RPP.
La Asociación de la Prensa Extranjera en Perú (APEP)
también emitió un comunicado en el que condena la intimidación por parte de la
Fiscalía a raíz del anuncio de IDL-Reporteros sobre la publicación de otros
audios en los próximos días.
“Consideramos que es una intimidación por parte de la
Fiscalía debido a que IDL-Reporteros anunció que continuaría con más
revelaciones sobre el mismo caso. Nos parece que la forma en la que llegaron el
Fiscal y los policías a la oficina IDL-Reporteros, sin documentos de por medio,
sin orden de una fiscal a cargo de la investigación del juez de la corte del
Callao, es un acto que podría obstaculizar la investigación que iba a
continuar”, declaró la periodista y presidente de la APEP, Jacqueline Fowks.
Intimidación para obstaculizar la investigación
La organización internacional de defensa de la libertad
de prensa Reporteros Sin Fronteras (RSF), presente en Latinoamérica, pidió a la
justicia peruana respetar el principio de la reserva de las fuentes, uno de los
pilares de los derechos a informar.
“Es preocupante y sospechoso que el Ministerio Público
haga una diligencia en IDL-Reporteros sobre todo luego que se publique esta
investigación periodística que revela irregularidades que involucran a miembros
del Poder Judicial. Es fundamental que los operadores de justicia no
obstaculicen la investigación de IDL-Reporteros”, declaró a RPP Artur Romeu,
miembro de RSF Latinoamérica.
Romeu señaló que los casos de violación de protección de
la fuente en América Latina y Estados Unidos muestran presiones de grupos de
poder desde el ejecutivo o el judicial para intimidar a los equipos de
investigación o al medio que revelan a raíz de sus investigaciones la
corrupción de personajes políticos, para de esta manera provocar una
autocensura.
“Lo que buscan es identificar quién fue la persona y cómo
los periodistas lograron obtener informaciones. Estos grupos de poderes esperan
que estas informaciones no sean reveladas o que sigan en secreto”, aseguró
Romeu.
Mientras tanto, el único pronunciamiento de la Fiscalía
sobre este hecho se hizo desde su cuenta de Twittter dónde pidió disculpas por
el acto irregular que consideró como “incomodidades” y que "fue suspendida
por la falta de un documento que no pudo ser presentado al inicio de la misma
(...)”
http://rpp.pe
