El 46% de peruanos señala a la corrupción como uno de los
principales problemas del país y un 82% considera que el crimen organizado ha
penetrado la política, según un estudio de la Asociación Civil Proética,
difundido hoy con motivo del Día Internacional contra La Corrupción.
Tanto en Lima como en el interior del país, la población
señala a la delincuencia (62%), la corrupción (46%) y el consumo de drogas
(30%) como los mayores problemas del país.
El 61% de los encuestados señala de manera específica la corrupción
de funcionarios y autoridades, por amplio margen, como el más serio problema
percibido en el Estado peruano.
Cuatro de cada cinco encuestados además percibe que la
corrupción ha incrementado en los últimos años y el 53% estima que ésta aumente
en el quinquenio siguiente.
A nivel de desempeño institucional, la ciudadanía tiene
una evaluación relativamente positiva de los medios de comunicación y la
Defensoría del Pueblo; y en contraste, una mayoritariamente tiene una
apreciación negativa de los partidos políticos y el Poder Judicial.
En ese sentido, el Poder Judicial, el Congreso de la
República y la Policía Nacional son consideradas como las tres instituciones
más corruptas del país.
Asimismo, 82% de encuestados considera que el crimen
organizado estaría muy infiltrado en la política, principalmente a través del
financiamiento de campañas (38%) y las conexiones con funcionarios en puestos
clave (22%), de acuerdo al estudio.
Frente a esta situación, la propuesta de reforma política
que parece encontrar mayor aceptación entre los encuestados es que las
autoridades destituidas por delitos de narcotráfico, lavado de activos y/o
terrorismo no sean reemplazadas y que su curul quede vacía, señaló Proética.
Cuando la corrupción es considerada a un nivel más micro
y cercano a los encuestados, el estudio señala que existe tolerancia media a
las coimas, los sobornos, la vara (influencia), las argollas y el robo de
servicios públicos.
Solo un 10% señala que sí le solicitaron coimas, regalos
propinas y/o sobornos pero se negaron a darlos, una menor proporción admite
haber accedido, y un porcentaje muy pequeño (1%) admite que lo hizo por
iniciativa propia.
De estos dos últimos grupos, el 52% alega haberlo hecho
para evitar mayores sanciones y el 37% porque si uno no paga, las cosas no funcionan.
En general, de quienes tuvieron contacto con funcionarios corruptos, solo el
11% hizo la denuncia respectiva.
La encuesta se elaboró sobre la base de 1308 encuestas a
hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos de residentes
en el ámbito urbano de las 16 principales ciudades del país.
http://diariocorreo.pe