Las grabaciones revelan principalmente la presunta compra
de testigos en el Caso Madre Mía —con el objetivo de que se absuelva al ex
presidente Ollanta Humala— y coordinaciones por los aportes al Partido
Nacionalista en la campaña presidencial del 2011.
Minutos después de conocerse esta información, Ollanta
Humala ofreció una conferencia de prensa. En esta cuestionó la
"procedencia ilegal" de los audios, enfatizó en que estos no tienen
validez judicial y calificó a la interceptación de la cual fue víctima como una
práctica desterrada durante su gobierno.
1. "Audios
sobre Madre Mía no tienen validez legal"
El ex presidente Ollanta Humala basó parte de su defensa
en la presunta "procedencia ilícita" de las grabaciones. "El
juez dispuso realizar interceptaciones telefónicas exclusivamente vinculadas al
caso [de presuntos vínculos con el terrorista] Artemio. Al terminar ese caso,
se debieron eliminar los audios vinculados a otros temas", sostuvo el ex
mandatario.
"Es por ello que las grabaciones [vinculadas al Caso
Madre Mía] no tienen validez legal", agregó Humala.
Esto es falso.
La interceptación telefónica fue autorizada por un juez.
"A pesar de que el hallazgo no haya estado vinculado al presunto delito
por el cual se dio la autorización, las escuchas no se consideran pruebas
obtenidas de forma ilícita", según el abogado penalista Enrique Ghersi.
Además, si es que en plena búsqueda de evidencias de un
caso se encontraran pruebas sobre delitos que no se le imputaban al acusado
inicialmente, la nueva evidencia no queda invalidada. Esta no podría ser
incluida en el proceso en curso, pero sí podría ser utilizada para abrir otro
caso por los nuevos delitos descubiertos.
"La evidencia obtenida lícitamente, aunque sea de
casualidad, puede utilizarse. Si uno entra a la casa de un asesino para buscar
un arma utilizada en el crimen y en el camino encuentra a un rehén, ¿no podría
acusar al delincuente por secuestro? Eso es absurdo", enfatiza el jurista
César Azabache.
2. "El Caso
Madre Mía es cosa juzgada"
En otro momento de la conferencia, Humala aludió al
concepto de "cosa juzgada", el cual consiste en que los procesos
judiciales resueltos no pueden reabrise. "Los hechos ya fueron investigados,
el proceso judicial fue archivado y hoy tiene categoría de cosa juzgada",
enfatizó el ex mandatario.
Esto es una media
verdad.
Las normas peruanas, efectivamente, no permiten reabrir
un caso que haya tenido una resolución favorable para el acusado. Es decir, la
legislación solo permite la nulidad de la cosa juzgada si es que la persona fue
condenada de forma injusta.
Sin embargo, al ser un caso vinculado a presuntos delitos
de lesa humanidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sí
podría anular el proceso. "Si en base a estas nuevas pruebas se interpone
un recurso ante la Corte IDH, esta podría anular la absolución del ex
presidente Humala", sostiene el abogado penalista Carlos Caro.
La única forma de que llegue a la Corte IDH es que el
Estado presente el caso ante esta. No obstante, cualquier ciudadano podría
presentarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"Los familiares de las víctimas o cualquier
Organización No Gubernamental (ONG) puede acudir a la Corte, a través de la
Comisión. De acreditarse la conducta fraudulenta, la CIDH podría ordenar que se
realice un nuevo proceso", según el también penalista Luis Vargas
Valdivia.
3. "Mi
gobierno no tuvo estas prácticas"
Ollanta Humala no solo cuestionó las interceptaciones de
las cuales fue víctima. También culpó al ex presidente Alan García por haber
permitido este tipo de prácticas y enfatizó en que su gobierno
"jamás" las tuvo. "En mi gobierno jamás tuvimos este tipo de
prácticas contra políticos. No lo hubiese permitido", dijo el ex
presidente.
Esto es falso.
A inicios del 2015, durante el gobierno de Ollanta
Humala, se acusó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) de armar
expedientes sobre inmuebles, autos y empresas vinculadas a ministros,
congresistas, militares, policías, políticos, empresarios y periodistas.
Ante la Comisión de Inteligencia del Congreso, el agente
Rosendo Francisco Chávez Rojas reconoció que los rastreos de la DINI se
hicieron frecuentes en el gobierno de Ollanta Humala. Chávez Rojas realizó
100,544 búsquedas en la base de datos de Registros Públicos entre enero del
2011 y febrero del 2015.
Los rastreos alcanzaron incluso a funcionarios del
gobierno nacionalista, como la entonces vicepresidenta Marisol Espinoza y la
primera ministra Ana Jara, y empresarios como Luis Garrido.
Este último interpuso un recurso de habeas corpus ante el
35 Juzgado Penal de Lima, por el cual el ex premier Pedro Cateriano tuvo que
declarar a finales del año pasado.
4. "Audios no
contienen información sobre aportes de campaña"
Finalmente, Ollanta Humala evitó pronunciarse sobre el
contenido de las grabaciones. Solo se remitió a señalar estas "no
contienen información sobre supuestos aportes de campaña".
Esto es falso.
Según información a la que tuvo acceso El Comercio, las
transcripciones de los audios sí incluyen conversaciones relacionadas al
financiamiento de la campaña presidencial de Ollanta Humala en el 2011.
La potencial procedencia ilícita de algunos aportes
precisamente motivó la investigación que la Fiscalía Especializada en Lavado de
Activos le sigue hoy tanto al ex presidente Ollanta Humala como a su esposa
Nadine Heredia.
- Diego Chirinos
- Periodista
- @chirinosdiego
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