El Pleno del Congreso aprobó ayer jueves el Proyecto de
Ley 938 que modifica el “Código de Ejecución Penal para combatir la violencia
familiar y la violencia de género, así como proteger los derechos de las
mujeres, niñas y niños, y adolescentes”, que tiene entre sus medidas más
relevantes el retiro de la posibilidad de obtener beneficios penitenciarios a
violadores y agresores sexuales.
El proyecto que pedía ser agendado insistentemente por la presidenta de la
Comisión de la Mujer, Indira Huilca, desde hace casi cuatro meses, obtuvo el
visto bueno del Legislativo por 57 votos a favor y una increíble cifra de 18
votos en contra. Y es que más de uno al interior del Hemiciclo se mostró
sorprendido por la decisión de casi una veintena de parlamentarios de oponerse
a aprobar la norma solo porque esta incluía la palabra género en el titular de
la misma, insinuando que con ello se buscaba incluir un término que no
reconocía como “únicos géneros” los de “varón y mujer”. Un argumento amparado
en prejuicios que defendieron durante el debate congresistas de clara línea
conservadora y religiosa como Nelly Cuadros o el pastor evangélico Juan Carlos
Gonzáles, ambos de la bancada fujimorista, que buscaron deviar la discusión
incluso a definir “qué es una familia”.
Congresistas como Marisa Glave o la misma presidenta de la Comisión de la
Mujer instaron a sus colegas a aprobar la norma y a “no ver fantasmas”,
señalando que lo que “tanto les da miedo” (reconocimiento de derechos a la
personas LGTBI) aún serán debatidos en otros fueros del mismo Parlamento.
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