La Asociación
Civil Transparencia consideró que debe prohibirse la postulación electoral de
condenados por corrupción, narcotráfico, minería ilegal, y cualquier otra forma
delictiva, incluso de quienes cumplen prisión preventiva por estos delitos.
En dicha
prohibición también deben estar incorporados quienes se encuentren condenados o presos de forma preventiva por delitosde especialísima gravedad, como el
terrorismo, la violación sexual o la trata de personas, señaló Transparencia en un pronunciamiento.
Según el
planteamiento, ello debe ser parte de una reforma
electoral que
garantice la plena transparencia en el financiamiento de las organizaciones políticas y campañas
electorales, impida el ingreso de dinero procedente de estos delitos y eleve los estándares éticos de los
candidatos.
Asimismo,
propone una reforma de la Administración de Justicia que recoja las propuestas del
Acuerdo por la Justicia y considere, especialmente, la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura,
con participación en él de representantes de la sociedad civil.
De la misma
forma, sugiere el fortalecimiento de la justicia de paz y la reducción de los
jueces supranumerarios para hacer de la Corte Suprema una efectiva corte de
casación.
En otro de los
puntos, considera imperativo garantizar
la máxima transparencia en
el Estado y el acceso a la información pública, recuperando lo propuesto por la
comisión que diseñó la autoridad autónoma de la transparencia, hoy "sin suficiente fuerza ni
autonomía".
También destaca
la necesidad de aprobar una ley de gestión de intereses, que incluya la
obligación de todo funcionario de presentar una Declaración Jurada de
Intereses, y transparente las relaciones entre el sector público y los
legítimos intereses privados.
Dicha ley, a
criterio de Transparencia, también debe regular la denominada “silla giratoria”, como mecanismo
para afrontar los actuales y potenciales conflictos de intereses.
Estas y otras
propuestas están incluidas en el Plan 32 de Reformas Institucionales presentado
por Transparencia el
año 2015, y en el Informe de la Comisión Presidencial de Integridad, en
diciembre del 2016.
Para Transparencia, la importante Encuesta de Percepciones
Ciudadanas sobre la Corrupción, presentada por ProÉtica, volvió a mostrar con crudeza
la gravedad de este flagelo que afecta a la sociedad peruana.
Ella impacta
negativamente sobre las condiciones de vida de la población, en las
oportunidades de desarrollo del país y en la calidad de nuestra democracia,
mencionó Transparencia en
el pronunciamiento.
Transparencia tiene
la misión de contribuir al fortalecimiento de la democracia y la calidad de la
representación política, y considera oportuno reiterar la imperiosa necesidad
de dar pasos firmes, decididos e inequívocos en los ámbitos de reformainstitucional antes mencionados.
(FIN) NDP/MVF
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