El presidente
del Congreso, Luis Galarreta, anunció el martes
que en el Pleno de hoy se debatirán proyectos aprobados en la Comisión
de Constitución en el
marco de la reforma electoral.
Uno de ellos, de
acuerdo con lo expresado por Galarreta,
es el relacionado con el financiamiento partidario.
Como se recuerda, en primera votación se ha prohibido que las personas jurídicas –con fines de lucro–
financien campañas. Al mismo tiempo, se subió el monto para que las personas
naturales puedan donar: 120 UIT, o 486.000 soles.
Sin embargo, es un proyecto que
ha generado críticas.
La Organización Civil
Transparencia, a través de su presidente, el embajador Allan Wagner,
ha solicitado mediante un oficio dirigido al titular del Parlamento que se
añadan dos elementos que se consideran fundamentales para ejercer un mejor
control sobre las finanzas partidarias.
Primero, que se contemplen
sanciones políticas para aquellos partidos que reciban dinero de fuentes
ilícitas.
El proyecto solo contempla
sanciones pecuniarias.
Según Gerardo Távara, secretario
general de Transparencia, en los casos de infracciones muy graves se debería
proceder a la pérdida de la inscripción.
"Sin sanciones fuertes el
dinero ilícito, como el del narcotráfico, se mete. Está demostrado en América
Latina", advirtió.
"Para evitar de manera
efectiva que el dinero del narcotráfico entre
en las campañas electorales se necesitan sanciones duras. Al final puede pasar
que el narcotraficante que paga la campaña termine cancelando la multa",
señaló Távara.
Un segundo punto que
Transparencia considera prioritario es que no se le quite a la Oficina Nacional
de Procesos Electorales (ONPE) la
facultad de exigir a los partidos que rindan cuentas de sus ingresos y gastos
durante la campaña.
Távara sostuvo que el proyecto,
tal como está redactado, solo obliga a los partidos a entregar su información financiera una vez concluida la campaña electoral. "Eso impediría que
los ciudadanos podamos fiscalizar de dónde provienen los aportes y así tomar
una decisión más informada al momento de votar", dijo.
En una línea similar, el
politólogo Fernando Tuesta comentó que con el dictamen tal como está es complicado
"que se pueda evitar el ingreso de dinero sucio a los partidos".
Movimientos locales
El segundo proyecto que sería debatido hoy es el
que establece la prohibición de postular a los movimientos locales y
provinciales, como una manera de impedir el alto fraccionamiento.
Si bien el Perú necesita partidos nacionales o
regionales fuertes, también es verdad que, de aprobarse este dictamen, muchas
organizaciones quedarían en el aire.
Según la ONPE, 667 organizaciones locales compraron
kits electorales y buscan cumplir los requisitos para obtener su inscripción.
Távara dijo que se podría incluir una disposición transitoria para no
perjudicar a quienes adquirieron sus kits bajo el actual marco legal.
Siete dictámenes aprobados, uno de ellos ya
promulgado
La Comisión de Constitución lleva aprobados siete
dictámenes en el marco de la reforma electoral.
Uno ya fue promulgado: el que se refiere al cronograma electoral.
Otro dictamen que genera críticas es aquel por el
cual las elecciones internas contarán con la asistencia técnica de organismos
como la ONPE y el RENIEC solo si es requerida por el partido. La idea era
someter estos procesos al rigor de entidades especializadas, como una manera de
garantizar la transparencia.
El Congreso había nombrado un grupo de trabajo,
presidido por la congresista Patricia Donayre, para que presente un proyecto de
reforma. La Comisión de Constitución decidió finalmente usar estas propuestas solo como insumos.
