“En el tema de “región verde” todos somos responsables, no
solamente el Gobierno Regional; es responsable Educación, Salud, los medios de
comunicación, los ciudadanos que debemos tomar conciencia de no destruir los
bosques y también son responsables nuestras autoridades nacionales cuando toman
decisiones que lejos de beneficiar a la región la perjudican”, dijo la Gerente
de la Autoridad Regional Ambiental – (ARA) del Gobierno Regional de San Martín,
Silvia Reátegui García.
“Lo que comenzó como un slogan político ahora es la voz de
toda una región y es algo que ya trasciende las banderas políticas, solamente
reforestación no es “región verde”, políticamente se está tergiversando el
tema. “Región verde” es el propósito cuyo objetivo es crear desarrollo humano
amazónico en base a sus potencialidades, que educación y salud se maneje con un
concepto amazónico revalorando nuestra cultura, y que los negocios se realicen
con respeto al medio ambiente”, sostuvo.
Dijo que este año el Gobierno Nacional autorizó la explotación
minera en un lote de San Martín, sin embargo ahora con el avance de la
descentralización lograda a través de los gobiernos regionales las competencias
han cambiado y las mineras acá no van a tener licencia social y menos licencia
regional para que logren su propósito.
Reátegui García señaló que COFOPRI a través el Proyecto
Especial de Titulación de Tierras - (PETT), cuando aún fue de competencia
nacional, entregó títulos a pobladores asentados en zonas de protección,
asimismo el Gobierno Nacional autorizó las concesiones forestales en diversas
zonas del la región San Martín, estos concesionarios hicieron carreteras para
ingresar a las áreas de explotación maderable, trayendo como consecuencia que
la migración avance de forma desmedida aprovechando el fácil acceso para hacer
sus chacras.
“Para tratar de parar la tala indiscriminada denunciamos a
varias personas por delitos ambientales y los jueces solamente les impusieron
una irrisoria suma de retribución al Estado por daños ecológicos, argumentando
que de donde van a pagar si son simples campesinos, eso pasa porque los jueces
no conocen de temas ambientales”, manifestó.
Dijo que los infractores de la ley forestal que están en las
cárceles, que solamente son 3 o 4, están encerrados porque se ha tenido que
sumar delitos, están presos aquellos que a pesar de la prohibición deforestaban
en zonas de protección y además porque portaban armas y amenazaban de muerte a
los que trataban de persuadirlos.
“Nadie va a la cárcel simplemente por delitos ambientales,
por eso necesitamos que nuestros congresistas creen leyes que permita mandar a
la cárcel a estos irresponsables, que el Ministerio de Agricultura mejore las
políticas de manejo ambiental y que nuestros alcaldes que son los que están más
cerca al pueblo sean cuidadosos y no estén firmando para otorgar títulos donde
no corresponde”, puntualizó.(Fuente:GORESAM)
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