El Pleno del Congreso tiene listo para su debate y
aprobación el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que regula
el pago de recompensas a aquellas personas que brinden información útil para la
captura de grupos terroristas, bandas criminales y responsables de delitos de
alta lesividad.
Ya existe un marco normativo que regula el pago de
recompensas a favor de quienes brinden información sobre delincuentes
terroristas, pero la novedad de esta propuesta es que amplía el beneficio a
quienes hagan lo mismo sobre bandas criminales o autores de delitos de alta
lesividad, así como para quienes aporten datos que permitan avances
significativos para desarticular esas organizaciones.
De acuerdo al texto del dictamen, elaborado sobre la base
de una propuesta presentada al Parlamento por el Poder Ejecutivo en agosto del
año pasado, deberá crearse una Comisión Evaluadora de Recompensas que evaluará
y acordará, en decisión inimpugnable, el pago de las recompensas.
Esta comisión estará conformada por un representante de
la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio Público, y del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el viceministro de Políticas para la
Defensa, el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, el
director general de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, y del
director general contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior.
Asimismo, según la iniciativa, los ministerios de Defensa
e Interior serán los encargados de pagar las recompensas.
El dictamen indica que el reglamento de la ley fijará los
montos máximos de dinero que se pagarán, así como lo relacionado con las etapas
del proceso, sus plazos, y los delitos que podrán ser denunciados.
El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos del Parlamento, Juan Carlos Eguren, consideró que esta norma, una vez
en vigencia, se convertirá en una “herramienta poderosa” que contribuirá con
los esfuerzos que el Estado viene realizando para frenar la criminalidad.
“Al verse en el país un avance peligroso del crimen
organizado, del narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos de alta
lesividad, es que se ha planteado el proyecto que ya está en dictamen para
debate y aprobación, posibilitando el pago de recompensa para estos delitos”,
comentó en declaraciones a la Agencia Andina.
Eguren consideró urgente que el Pleno del Congreso debata
y apruebe este dictamen y dijo que es una “grave omisión” de la Mesa Directiva
no someterlo a votación cuanto antes.
Las comisiones de Justicia y Defensa Nacional del
Parlamento presentaron un dictamen sustitutorio del proyecto de ley original
del Ejecutivo, el cual fue debatido por primera vez en la Comisión Permanente
en enero del presente año.
Posteriormente, entre febrero y mayo del presente
año, Eguren ha presentado ante el Pleno
del Congreso tres textos sustitutorios del dictamen (el último el 21 de mayo),
pero la norma no ha logrado ser aprobada.
Según información de Ministerio del Interior, el año 2014
el gobierno desembolsó poco más de un millón de dólares para pagar a
informantes que contribuyeron a la captura de miembros de Sendero Luminoso en
el Vraem.
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