De acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar
(ENDES), solo entre el 2016 y 2017, el porcentaje de adolescentes embarazadas
incrementó de 12,7 a 13,4%. Esta situación se repite en niñas y adolescentes
menores de 15 años. Los reportes anuales del Seguro Integral de Salud (SIS)
señalan que los establecimientos de salud atienden al año alrededor de dos mil
partos en menores de 15 años. Esto quiere decir que cuatro menores de 15 años
quedan embarazadas diariamente.
Según el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil (Reniec), en el 2016, el 70% de los padres de embarazos en menores de 15
años tenían entre 18 y 29 años. De acuerdo al Código Penal, estos casos son
considerados embarazos producto de violaciones sexuales.
Denisse Sacsa, asistenta de Evaluación y Monitoreo en el
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos
(Promsex), señala que hay que tener cuidado con dichas cifras; pues hay casos
en los que las relaciones sexuales entre menores y mayores de edad son
consensuadas. Hasta el momento no se ha podido generar una estadística de
cuánto de estos embarazos son, finalmente, producto de relaciones no
consensuadas.
“Puede suceder que hay una pareja constituida y aceptada
por una jovencita de 14 años con su parejita de 16. Si ella queda embarazada,
eso es considerado como una violación, a pesar de que sea consentido. Entonces,
no podemos tener un registro exacto de cuántas de esas violaciones han
provocado un embarazo no deseado”, explica.
No obstante, la también obstetra señala que en los casos
que se denuncian como violaciones se debe implementar una atención a la víctima
que permita evitar embarazos no deseados, productos de la violencia sexual.
“Lamentablemente hay un temor de irrumpir funciones y
alterar la escena del hecho. Entonces, lo primero que se hace cuando llega una
víctima a denunciar es enviarla a medicina legal. Cuando lo que debería
suceder, si se hace un trabajo coordinado entre el sector salud y el sector
justicia, es antes de derivar a la víctima, indagar si ha estado en periodo de
riesgo de embarazo e inmediatamente administrarle su píldora anticonceptiva de
emergencia”, indica.
Hay una necesidad expresa de fortalecer las políticas
públicas en contra del embarazo precoz.Tal como señala Sacsa, el abuso sexual
es uno de los motivos que incrementa las tasas de embarazos en niñas y
adolescentes, por lo que el Estado debe asegurar que a este hecho de la
violencia extrema no se le sume un embarazo no deseado que perpetúe las
consecuencias físicas y mentales en las víctimas.
rpp.pe
